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Desde Santiago de Chile, Boris Hau, abogado investigador del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales 

Un ministro del gobierno de derecha trata al Museo de la Memoria como un “montaje”. Ministros de la Corte Suprema otorgan beneficios a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. A 45 años del golpe militar, estos temas han sido noticias en las últimas semanas, demostrando que las herencias de la dictadura siguen presentes en el debate público en Chile.

A partir de la polémica del ministro surgieron opiniones de adherentes a la dictadura pidiendo una muestra museográfica que aludiera al “contexto” de estas violaciones a los derechos humanos o cuestionando el financiamiento estatal del Museo de la Memoria. Pero un masivo acto cultural en la explanada del Museo para rechazar las declaraciones del funcionario confirmó la adhesión de la ciudadanía al trabajo de educación en derechos humanos que está realizando.

Lo relevante de este encuentro artístico fue que la convocatoria trascendió a las agrupaciones de derechos humanos. Las y los artistas y la ciudadanía en general manifestaron su apoyo al Museo. El Museo de la Memoria habitualmente recibe a muchos jóvenes estudiantes y a extranjeros, realizando una imprescindible labor de concientización y de transmisión de la historia reciente de nuestro país.

El ministro debió renunciar a escasos días de ser nombrado luego del rechazo público a sus declaraciones.

Por otro lado, la Corte Suprema de Chile dejó en libertad a varios condenados por delitos cometidos durante la dictadura pinochetista. Esto provocó que el Frente Amplio presentara en el Congreso una acusación constitucional contra los miembros de tribunal que fue rechazada por sectores de centro y de derecha. Por el contrario, la acusación recibió el apoyo de agrupaciones de derechos humanos que aprovecharon el debate público para exigir a la Corte que deje de aplicar penas “simbólicas” en casos de crímenes de lesa humanidad, en referencia a las bajas condenas que se aplican por los crímenes más terribles que sufrieron las víctimas de la dictadura. Por ejemplo, en junio de este año se dictó una sentencia final en el caso Lonquén, cuando se juzgaron las detenciones, torturas y desapariciones de quince campesinos. Los autores fueron condenados a 15 años y un día de presidio, o sea un año de prisión por cada una de las víctimas. Lamentablemente esta pena irrisoria para un crimen de lesa humanidad es una constante a la que nos tiene acostumbrados la Corte Suprema de Chile.

Es de destacar que la lucha inclaudicable y tenaz de las víctimas y organizaciones logró que, en los últimos años, sean juzgados los delitos sufridos por personas que sobrevivieron al encierro y la tortura pinochetista, puesto que sólo había condenas por casos de detenidos desaparecidos y ejecutados.

Según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, hasta junio del 2018 los tribunales han dictado 367 sentencias finales en casos de la dictadura que corresponden a alrededor de 700 víctimas, un cuarto del total calificadas como desaparecidas o ejecutadas por las Comisiones de Verdad que tuvo Chile. Actualmente hay 174 ex agentes cumpliendo pena de cárcel.

En relación a las políticas de memoria ha habido un lamentable retroceso, por lo que recintos que fueron de prisión política seguirán esperando la “voluntad política” para poder establecerse como Sitios de Memoria.

En Chile continua la lucha contra la impunidad porque aun hay muchas víctimas que exigen respuestas. Entre ellas, se encuentra el caso de Víctor Jara, que todavía no llega a la sentencia final en la Corte Suprema. A más de cuarenta años se sostienen los reclamos de memoria, verdad y justicia. Como cantara Víctor: “No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra”.

 

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