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PH: Paz Aner

Por Rodrigo Gómez Tortosa, politólogo y abogado, docente IUNMA – UBA. Directivo de la International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED)

En diciembre de 2016 se sancionó la Ley de creación de la Comisión de la Verdad del Estado Plurinacional de Bolivia que fue reclamada por familiares y víctimas durante años. Se estima que las dictaduras que tuvieron lugar entre 1964 y 1982 dejaron al menos 1392 personas asesinadas, 486 desaparecidas y 2868 exiliadas según cifras preliminares.

Al igual que en gran parte de América Latina y el Caribe, Bolivia sufrió los embates de la Doctrina de Seguridad Nacional que promovía la represión con el fin de disciplinar política y socialmente. En coordinación con otros países de la región a través del Operativo Cóndor –plan de cooperación represiva entre las dictaduras latinoamericanas de los años 70´ y 80´- la desaparición forzada se aplicó como política de Estado a niveles regionales, no siendo Bolivia la excepción.

La Comisión de la Verdad (CV) tiene como objetivo principal esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, establecidos con motivos políticos e ideológicos, sucedidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.

En el mundo existe una larga trayectoria de Comisiones de la Verdad creadas con fines de investigar los crímenes de lesa humanidad en escenarios de conflictos internos o golpes de Estados. Recordemos la CV de la República de Uganda o la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Y por supuesto, la primera, nuestra Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de la Argentina (CONADEP). Con resultados disímiles, cada una de ellas aportó de forma diferente a la constitución y construcción de la memoria histórica en su país.

Lo anecdótico es que Bolivia pudo haber tenido la primera de Latinoamérica. En 1982 fue creada la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, sin embargo resultó diluida al poco tiempo y ni siquiera llegó a presentar un Informe final de conclusiones y recomendaciones. Por esa razón es que casi ni se la cuenta. Desde ese entonces los familiares nucleados en diferentes organismos, entre ellos la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) reclaman por una Comisión de la Verdad que eche luz sobre los crímenes de la dictadura.

La actual CV de Bolivia se terminó de constituir en agosto de 2017, siendo elegidxs como comisionadxs: Nila Heredia, Édgar Ramírez, Isabel Viscarra, Teodoro Barrientos y Eusebio Gironda. Se trata de personalidades públicas destacadas en diferentes ámbitos del país. Heredia fue elegida presidenta por su extensa trayectoria en los organismos de DDHH y su pertenencia a la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).
Lxs comisionadxs tienen una tarea compleja a más de 40 años de los hechos. A diferencia de lo que debieron enfrentar otras Comisiones, en el caso boliviano las pruebas son reducidas y los testimonios de muchas víctimas se han perdido. Un ejemplo similar puede rastrearse en Brasil, cuya CV funcionó entre el 2012 y 2014.
Se reafirma la necesidad de que el acceso a los archivos sea irrestricto. Un primer paso se dio el pasado abril con la entrega de más de seis mil expedientes por parte del Ministerio de Justicia y los organismos de derechos humanos bolivianos, pero aún resta que las Fuerzas Armadas hagan su parte.
Las atribuciones de esta Comisión son amplias incluyendo la posibilidad de realizar un análisis histórico, político y económico de las consecuencias que tuvo la dictadura en Bolivia. Además, debe desentrañar el circuito represivo del Operativo Cóndor por lo que podrá nutrirse de los aportes del resto de las CV y los procesos judiciales. A la vez lo que pueda decir sobre la región operará como una especie de corolario del trabajo de todxs lxs latinoamericanxs.

Recientemente la Comisión realizó un lanzamiento de sus actividades en La Paz con un Seminario Internacional Público en el que participamos en calidad de expertos junto a Denis Racicot (ONU) y Susana Cori (Cruz Roja Internacional).

Días atrás contamos en Buenos Aires con la grata visita de la presidenta, Nila Heredia, quien viajó con el objetivo de estrechar lazos con la experiencia argentina. Nila es médica de profesión, militante del Ejército de Liberación Nacional (organización creada por el Che en la guerrilla de Ñancaguazú), ex rectora de la UMSA y ex Ministra de Salud del presidente Evo Morales en dos ocasiones. Fue presa política entre los años 1976 a 1978. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle:

.-Nos parece muy interesante que entre los objetivos de la Comisión que preside se encuentre el de abordar el aspecto del plan económico y social de la dictadura de su país ¿Qué puede contarnos al respecto?

NH:- Nos parece fundamental abarcar este tema. La dictadura ha tenido no sólo fines políticos sino también económicos y para eso han tenido que realizar represiones. Hubo represiones que han sido masacres, pero también suspendieron el derecho a la reunión, prohibieron el funcionamiento de todo tipo de sindicatos, además de los partidos políticos y las universidades. Entonces ¿qué ha determinado que la dictadura cometiera masacres? Tenían que imponer un modelo político y desarmar la organización popular para imponer la nueva lógica económica. La figura del desaparecido forzado no sólo implica eliminar a los dirigentes, a los activistas sino enmudecer a todos y armar un discurso diferente. Hubo que generar un contexto para aplicar un modelo económico de empobrecimiento de los sectores populares. En este sentido, el neoliberalismo no hubiese sido posible de implantar sin las masacres y la estructuración de un modelo de pensamiento individualista, asentado en la lógica de la competencia. Por entonces, Estados Unidos tenía interés en mantener los precios bajos de la materia prima y cerrar aquellas empresas con conflictos laborales para luego reabrirlas en otras condiciones menos beneficiosas para los trabajadores. La idea era bajar el costo de la producción. Un segundo modelo fue el proceso liberal de capitalización. Se cerraron las fábricas pero para privatizarlas. Entonces vamos a buscar esclarecer las masacres, las desapariciones y también lo que ha implicado la dictadura en términos del desarrollo de un Estado: en su dimensión económica y social. El Estado boliviano tiene que explicar a la población qué ha pasado, no sólo pedir disculpas, sino investigar. Esto es lo que se está empezando a hacer.

.-¿Por qué cree que la Comisión de la Verdad es posible en este momento?
NH: -Aunque le criticamos al presidente Evo que lo haya hecho tan tarde, es destacable que lo ha concretado porque nunca antes fue posible. El presidente es un dirigente sindical con orígenes en el movimiento campesino, ha sido un verdadero desafío para él posibilitar la creación de esta Comisión. Ahora tenemos que recuperar el tiempo para saber lo que pasó. En esa dirección estamos.

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