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Desde Santiago de Chile, Boris Hau, abogado investigador del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales

A 46 años del golpe militar en Chile las luchas contra la impunidad continúan. El académico Steve Stern señaló que en Chile se han dado una serie de etapas donde han existido conflictos por imponer un discurso en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Se ha realizado una batalla entre distintas memorias que pretenden ser aceptadas por la sociedad en su conjunto. En una primera etapa hubo una exigencia por la verdad, respuesta que se dio con las comisiones de verdad. En etapas posteriores surgen los requerimientos de reparaciones y  justicia. Justamente las luchas por la impunidad siguen realizándose a 46 años del golpe militar. Los familiares de las víctimas aún exigen justicia en los casos que todavía no han sido resueltos por los tribunales.

El proceso judicial chileno tuvo su impulso luego de la detención de Pinochet en Londres y la designación de magistrados para investigar estos casos. Estos han fundamentado sus fallos en el derecho internacional de los derechos humanos, explicando por qué no han usado la ley de amnistía ni aplicado la prescripción del delito, siguiendo la jurisprudencia del caso Luis Almonacid, sentencia dictada en el año 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ley de amnistía sigue vigente como ley pero los tribunales chilenos han cumplido con la exigencia de la Corte de no aplicarla.

Según datos del Observatorio de Justicia Transicional se dictaron 367 sentencias finales de casos de la dictadura, que tratan sobre un total de 713 víctimas ausentes, 358 detenidos desaparecidos y 355 ejecutados políticos. Esto corresponde a menos de un tercio de las 3.225 víctimas calificadas por las comisiones de verdad. Por lo que aún existe una tarea inconclusa. Los propios tribunales de justicia han señalado que tramitan 1.328 causas por lo que la tarea de juzgar a los represores persiste. Lo lamentable es que opera la impunidad biológica, dado que muchos condenados ha fallecido.

En lo relativo a los sitios de memoria, las agrupaciones de derechos humanos aguardan respuestas frente a la exigencia de que el Estado los recupere. Por una parte, el Estado los declara monumento nacional, pero luego no hay una política para recuperar el inmueble. Durante el segundo gobierno de Bachelet no hubo ningún sitio de memoria recuperado. Ninguno de los lugares que fueron centros de prisión política fueron recuperados. Lo lamentable es que ese gobierno prometió en su programa  políticas de Memoria que no se concretaron como la recuperación de ex recintos de detención. El segundo gobierno de Bachelet será recordado por cuatro años de promesas incumplidas frente a las agrupaciones de derechos humanos que siguen exigiendo que lugares como cuartel Borgoño, el recinto de Tres Álamos y la casa denominada “Venda Sexy” sean recuperados para ser sitios de memoria.  Del gobierno de la coalición de partidos de derecha que apoya el segundo mandato de Piñera no se puede esperar nada. En su programa de gobierno no hay mención sobre estos temas. Justamente el sitio de memoria “Venda Sexy” ha estado en la polémica en las últimas semanas. El lugar fue un recinto de la agencia de inteligencia de la dictadura, la DINA. El Informe Valech señaló que fue un recinto de prisión política y tortura. Testigos sobrevivientes del recinto han declarado en tribunales que allí la tortura era una práctica habitual, en especial la violencia sexual contra las ex prisioneras políticas. Estas mujeres han conformado el “Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” que tiene como una de sus reivindicaciones la recuperación de la casa “Venda Sexy”. A pesar que el Estado la declaró como monumento nacional, el particular dueño de la casa ha vendido el inmueble a una inmobiliaria. Esto tiene como consecuencia que los nuevos dueños pueden hacer negocios con el inmueble. Lamentable que ningún gobierno tuvo la voluntad política de recuperar la casa. Por lo que este inmueble, como otros que no han sido recuperados, serán reclamo de recuperación para ser identificados como sitios de memoria.

Las batallas por la memoria en Chile continúan, a 46 años del golpe militar.

 

 

 

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