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Por Gabriel Lerner, abogado, especialista en Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y docente de la Carrera de Especialización en Políticas Publicas de Niñez, Adolescencia y Familia de la Universidad Nacional de Entre Ríos – UNER. Fue Subsecretario y Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (2007-2015) y Secretario de SEDRONAR (2015). El artículo toma como base la intervención del autor en la audiencia realizada en la Cámara de Diputados el 29 de mayo de 2018.

 

En el Congreso de la Nación se estudian hoy proyectos que amplían el campo no criminalizado -y legalmente reglamentado- de la interrupción voluntaria del embarazo. Con muy buen criterio, en Diputados comenzaron el recorrido de un modo casi asambleario y fueron escuchados más de 700 referentes, especialistas, expertos -y no tanto- que llevaron sus puntos de vista a legisladores y legisladoras. En las audiencias se podía identificar claramente al principal protagonista de ese proceso enriquecedor y democrático: el movimiento de mujeres, esa marea humana potente, creativa y transformadora que se destaca y que logra generar esperanzas en una Argentina que angustia y duele.

No hay confrontación entre abortistas y no abortistas

Pese a la amplitud y diversidad de voces que se expresaron –y contrariamente a lo que podría pensarse- algunos tópicos fueron quedando más claros. Una cuestión de singular trascendencia es que ningún actor social relevante considera al aborto como una opción deseable. “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, se predica desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Desde la vereda de quienes defienden la penalización actual se caracteriza al aborto como inmoral o repudiable, llegando a identificarlo con un asesinato. Pese a las profundas diferencias existe un punto de convergencia muy importante: todos preferimos que no haya abortos, todos deseamos que se produzcan la menor cantidad de abortos. Y esto nos une.

¿Qué relación existe entre esa expectativa común con mantener criminalizados, salvo algunas excepciones, los abortos? Las normas penales vigentes –del Código Penal del año 1921- están prontas a cumplir un siglo de vida y sabemos que no sirvieron para evitar que haya miles y miles de abortos. Si lo que todos y todas queremos es que se produzcan la menor cantidad de abortos y sabemos que la amenaza penal no produce ese resultado, ratificar o no la vigencia de esas normas no puede homologarse –si media honestidad intelectual, claro- a un debate entre abortistas y antiabortistas.

Luego de muchos años sin habilitar esta discusión, el Congreso debe dar una respuesta clara, franca y sin dobleces a la sociedad. Se impone que diputados y diputadas discurran responsablemente sobre la respuesta apropiada que debe dar el Estado ante abortos que, como todos sabemos, continuarán acaeciendo inevitablemente.

En el campo de la infancia hay apoyo a la despenalización del aborto voluntario

Tengo más de 25 años de trabajo, estudio y militancia en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hice y hago mis humildes aportes en defensorías gubernamentales en barrios populares, en organismos de derechos humanos, en responsabilidades de gestión en los recientes gobiernos nacionales y populares o en diversas militancias políticas y sociales. En esos escenarios, la criminalización del aborto se muestra muy nítidamente como fuente de sufrimiento y desigualdad, como factor determinante en la negación de derechos básicos a la salud y la autonomía y como una amenaza –cuando no una violación lisa y llana- del derecho a la vida de niñas, adolescentes y mujeres adultas.

El recuerdo de un viejo campo de la “minoridad”, hegemonizado por concepciones autoritarias y moralistas, puede convocar a confusiones de quienes lo miran desde lejos. Nuestra sociedad ha cambiado, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene más de un cuarto de siglo de vigencia, el campo de la infancia no es ya el de la caridad o los “salvadores del niño”.  Las sanciones penales que hoy se proponen derogar no se muestran en los ámbitos sociales e institucionales de protección a la infancia como tutela de ninguna vida, sino todo lo contrario. Desde la perspectiva del sistema de protección de derechos de la niñez y la adolescencia, dicha legislación no soluciona ningún problema real, sino que crea nuevos y agrava otros ya existentes.

Es por eso que entre los trabajan con chicos y chicas -en especial en los barrios, escuelas o clubes más pobres- y también entre quienes defienden sus derechos, son muchos, cada día más, los actores que apoyan los proyectos despenalizadores del aborto. Por el contrario, la resistencia al cambio proviene casi exclusivamente de quienes –con mayor o menor compromiso con esos pibes y pibas- asumen la cuestión en debate desde perspectivas fundamentalmente religiosas.

El aborto legal no se opone a la Constitución Nacional ni a los Tratados de Derechos Humanos

De la mano de juristas del campo más conservador, hace años que quienes resisten la idea de ampliar la legalidad del aborto voluntario agitan la bandera de una supuesta enemistad, de un enfrentamiento entre nuestra Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por un lado, y la posibilidad de despenalizar el aborto, por el otro.

Si bien podría llamar la atención que abogados y jueces –o ex miembros de la Corte Suprema menemista, como Rodolfo Barra- que nunca defendieron al Pueblo ni apoyaron las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia utilicen a los Derechos Humanos para justificar su posición, lo cierto es que habían logrado confundir a no pocos referentes o legisladores.

El debate permitió escuchar precisas explicaciones sobre el fallo “F.A.L.” de nuestra Corte Suprema, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Baby Boy”, la sentencia de la Corte Interamericana en “Artavia Murillo” o el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso “L.M.R.”. También se divulgaron las recomendaciones y observaciones de otros organismos de Naciones Unidas como el Comité de Derechos del Niño o el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que los juristas conservadores por lo general omiten u ocultan.

Tanto la Corte argentina como los organismos de protección de Derechos Humanos a nivel americano o global no reconocen un derecho absoluto o categórico de tutela del embrión en las etapas prenatales, sino que adhieren a un concepto de protección gradual e incremental de la vida en ese estadio prenatal. La conclusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos -que refuta las tesis de Barra y sus seguidores- es que la protección de la vida en formación debe ser armonizada con los derechos fundamentales de las mujeres. En otros términos: no hay contradicción entre el aborto legal, gratuito y seguro, tal como lo postulan los proyectos propuestos, y la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las audiencias se han convertido en bisagra, marcan un antes y un después: los y las representantes del Pueblo en las cámaras pueden o no estar a favor de la aprobación de los proyectos, pero ahora ha quedado muy claro que los mismos no colisionan con la Constitución Nacional ni con los Tratados de Derechos Humanos, en particular la CDN. Las propuestas de despenalización son, entonces, plenamente constitucionales y convencionales.

Intervención de los organismos administrativos de protección de derechos

En los diferentes proyectos despenalizadores se observa un valorable esfuerzo por regular el acceso al aborto legal y seguro de niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio efectivo del derecho que se les reconoce.

Ese compromiso de los y las diputadas se corresponde con una realidad dramática, cada día más visible. Lo que hoy llamamos maternidad infantil forzada cambia drásticamente la vida -para mal, claro- de miles de niñas y adolescentes. Más de 3.000 de ellas, menores de 15 años son madres anualmente en nuestra Patria. Entre las más pequeñas los embarazos son causados, mayoritariamente, por abusos sexuales, violaciones. La sanción de una ley nacional que garantice el aborto legal y seguro es una necesidad imperiosa para las pibas, para las gurisas, para las changuitas, muy especialmente a la luz de las dificultades que se evidencian para que la protección provenga solo de guías, protocolos y recomendaciones.

Sin embargo, el mero reconocimiento del derecho puede ser insuficiente si no se prevén algunas condiciones de su posterior ejercicio. Hay un tema particularmente complejo en relación con la edad y las competencias bioéticas de las niñas, en especial con las que tienen menos de 13 años y carecen de acompañamiento de sus progenitores o directamente los mismos se oponen al aborto, muchas veces contrariando su interés superior, garantizado en la Convención y leyes locales.

Los proyectos tienen un justificado espíritu desjudicializador, que yo comparto. Sin embargo, dudo que los equipos profesionales de los hospitales u otros establecimientos sean idóneos para –en situaciones legalmente complejas- adoptar decisiones cuando haya posicionamientos contrapuestos o, al menos, no coincidentes entra la niña o adolescente y sus progenitores. Estimo que el procedimiento podría ser superador dando intervención a los órganos administrativos de protección de derechos previstos en la Ley nº 26.061 y que el nuevo Código Civil ha reconocido al regular las adopciones. Las Defensorías, los Órganos de Protección, los Servicios Locales –diversos nombres, conforme la organización de cada jurisdicción- pueden contribuir a superar ese tipo de tensiones escuchando a las niñas y promoviendo soluciones que respeten sus superiores intereses.

Convertir en ley la ampliación de la legalización del aborto voluntario y asegurar que el mismo se desarrolle en condiciones de seguridad es una buena noticia para nuestra sociedad y los derechos de nuestras mujeres. Y muy probablemente sea aún una mejor noticia para los derechos de nuestras niñas y adolescentes de toda la Patria.

 

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