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Hoy, en nuestro programa de radio por Zónica + entrevistamos a Silvia La Ruffa, Doctora en Ciencia Política, Politóloga especialista en temas de seguridad, a cargo del área de investigaciones en seguridad del Instituto I-ciudad. También ha sido legisladora de la Ciudad en el período 2003-2005 y 2005-2009. Aquí fragmentos destacados de la charla.

Enclaveciudad: El Ejecutivo porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto para modificar el Código Contravencional que viene a quebrar acuerdos de casi dos décadas; en igual sentido que el decreto del presidente Mauricio Macri habilitando tareas de seguridad interior para las Fuerzas Armadas.  Como especialista en el tema ¿de qué modo lo estás viendo y qué pensás que puede pasar si esto avanza?

Silvia La Ruffa:  Por ser politóloga siempre me hace ruido la cuestión de los consensos que se rompen y que tienen raigambre política por la casi unanimidad o unanimidad con que se dan. Si bien los proyectos fueron presentados hace alrededor de dos meses el debate es completamente actual porque el Ministro de Economía de la Nación reconoció que este año va a haber una recesión de, al menos 2 puntos y medio del PBI y que no estima ningún tipo de crecimiento para el año que viene, además el Presidente reconoció que habrá aumento de la pobreza, entonces esas afirmaciones dan cuenta de que están previendo un aumento de la conflictividad social. Estos instrumentos, como el Código Contravencional, muestran la forma de resolución de esa conflictividad social.  En vez de instaurar mesas de diálogo o pensar políticas públicas de contención están viendo cómo legitimar o legalizar mecanismos de represión  de la protesta social y formas de perseguir a la economía informal.

E: Este proyecto de reformas ¿implica ampliar facultades policiales? 

SLR: Exactamente, en un único proyecto proponen modificar el Código Contravencional y el Código de Procedimientos. En este último es que hay un artículo que contiene un consenso nacido de la Convención Constituyente de la Ciudad a partir del que se definió que no iba a haber prisión preventiva o detención preventiva en materia contravencional. Esto significa que si la policía puede hacer cesar la acción de ensuciar un bien, la de hostigar a alguien, la de generar un ruido alto que molesta, no necesita aprehender a el o la contraventora, sólo lo hará si la conducta no cesa ante su pedido o si esa conducta genera algún daño o peligro cierto para sí mismo o para terceros. Hoy Rodríguez Larreta propone eliminar esto, ante la mera comisión de una contravención la policía detendría a la persona y luego avisaría al fiscal. Lo más probable es que el fiscal la libere pero esa persona ya habría pasado unas horas detenida. Se trata de una concepción política altamente punitivista. Lo único que se busca es poder sacar de la calle a aquellos sectores que no son bien vistos por otros sectores más acomodados.

 

E: Por lo que decís está lejos de ser un código de convivencia urbana y se acerca más a un código represivo que persigue conductas más que nada vinculadas con modos de subsistencia.  Tiene alguna rémora de lo que fueron los edictos policiales ¿podría violentar el  fallo “Bulacio”de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al límite a las facultades policiales y al permanente control judicial?

 

SLR:  Sí, van contra el fallo “Bulacio”, sobre todo con un artículo que incluyeron en la nueva Ley de Seguridad, a partir de la que permiten a la policía aprehender a una persona si le parece a la policía que se está por cometer un delito o una contravención y además no la pueden identificar.  La aprehensión es la última ratio y ocurre si hay un daño o peligro cierto para la sociedad.

Le plantean a la ciudadanía un debate que va de a poco restringiendo garantías individuales para no cambiar nada y para retroceder, en vez de avanzar en materia de una seguridad democrática, donde libertad y seguridad van de la mano, no son antónimos. Con aquella decisión del Presidente de habilitar a las Fuerzas Armadas a actuar en determinadas circunstancias que por definición son materia de seguridad y la coacción de la policía en materia contravencional  claramente caminamos hacia un Estado gendarme y no hacia un Estado Social de Derecho.  

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